Educadores y abogados reflejan el "limbo legal" de algunos centros de menores
DANIEL BORASTEROS - Madrid - 06/02/2009
En los centros de menores de la Fundación O'Belén los malos tratos físicos no son un método. Pero "a ningún cuidador le llaman la atención si se le va la mano", precisa Miguel, trabajador en Casa Joven hasta mediados de 2006. Miguel, nombre ficticio, está convencido de que le contrataron por su corpulencia física. Pesa más de 100 kilos. "El propósito es anular al niño para reconstruirlo", analiza. No golpearlo, sino doblegarlo. En ese proceso, se le medica, sin su consentimiento en gran parte de las ocasiones, con tranquilizantes.
Enrique Múgica Herzog
Un adolescente de 13 años cuenta que sufría exploraciones anales
La ley de autonomía del paciente de 2002 establece que a nadie mayor de 12 años se le puede medicar sin su conocimiento o el de su responsable legal. "Lo primero que tuve que hacer en La Jarosa, el antecedente de Picón de Jarama, fue meter unos polvos dentro del Cola Cao a un chico que se negaba a tomar sus pastillas", recuerda Andrés, fugaz educador que abandonó "espantado" el lugar.
"Cuando alguno ha venido derivado desde una residencia de O'Belén vienen atontados por los tranquimacines, y eso dificulta mucho el tratamiento", confirma un responsable de otro centro. Los castigos son constantes, incluido el obligar a un niño a comerse una mosca por haberla cazado al vuelo indebidamente, dicen estos antiguos educadores. Las recetas para evitar las autolesiones, muy frecuentes, son nuevas sanciones. "Habría que echarles vinagre en las heridas", dijo una de las responsables del centro, según Ricardo, ex educador de Casa Joven. Unas observaciones que los responsables de la fundación niegan tajantemente.
Esas opiniones, supuestamente, se escuchaban en una reunión semanal de trabajo. Allí se juntaban los trabajadores y planificaban los siguientes siete días. También tenían tiempo para leer en alto la correspondencia privada de los chicos y hacer divertidos comentarios sobre su contenido, según las fuentes.
La consejera de Asuntos Sociales de Madrid, Engracia Hidalgo, considera que las acusaciones que se han vertido contra el centro Picón, uno de los más señalados por el Defensor del Pueblo, son falsas. A los niños "se les da mimo y cariño", afirma.
Una percepción muy poco compartida por Asunción, madre de acogida de un chico de 15 años residente en La Jarosa y en Picón de Jarama. Asunción, portadora de abundante documentación, incluidos partes de lesiones, relata las peripecias del niño como "una pesadilla interminable". El muchacho fue expulsado de su propia casa. Sus padres no lo querían porque era díscolo. Así que ingresó en La Jarosa. Allí le hicieron todo el capítulo de humillaciones y vulneraciones de derechos que, como una retahíla, han ido desgranando muchas de las víctimas (inmovilizaciones violentas, dar vueltas al centro, aislamiento de varios días, desnudarlos y colocarlos de cuclillas...), según relata la madre de acogida.
Después, fue uno de los ocho menores que se trasladó a Picón. Allí empezó desde cero en "la carrera de objetivos" que establece el lugar para poder ir al colegio, entre otros "privilegios", cuenta su madre. No lo consiguió y apenas fue escolarizado. Ella se lo llevó sin dar más explicaciones. Un abogado y una orden de las administraciones lo hicieron posible. Ahora el chico "va al instituto y es tan normal o tan anormal como cualquier adolescente", relata Asunción.
Una historia muy semejante a la de Abel. Su padre murió de un cáncer. Él se volvió rebelde. Dejó de ir al colegio. Tuvo una depresión. Se "portó mal". Y le metieron en un piso junto a otros tres niños. Todo según el relato de su madre biológica, Aurora, que ha recuperado la custodia. En el piso un educador "le hostigaba y le pegaba". Le hizo moratones en los brazos. Le castigaba mucho. Tanto que Aurora -"¡vaya ingenua!"-, pidió que le trasladasen a un centro. El destino fue Picón de Jarama. Allí al chico le tocó el mismo protocolo que al resto de "desobedientes". Tenía 13 años. Sus registros, por ejemplo, "incluían exploraciones anales". Ahora ya está en casa y "sólo intenta olvidar aquellos años horribles".
Unas situaciones, no exactamente malos tratos físicos, que también padeció Nerea en Casa Joven. Esta chica, que ya es mayor de edad, "se tiró meses sin ver el sol". No fue escolarizada y no terminó siquiera la educación elemental. Pero según dice tiene unas pruebas de cociente intelectual que la señalan en la franja que linda con los superdotados.
Todas estas denuncias, que se acumulan conforme los menores crecen y salen de los centros de protección, apuntan en la misma dirección. No hay palizas. No hay agresiones arbitrarias. Todo es parte de un protocolo que se piensa que es el más adecuado para el niño. Sólo que, según el Defensor del Pueblo y las leyes vigentes, vulnera los derechos.
El abogado gaditano Joaquín Olmedo lo explica con bastante precisión: "Los centros de reforma son muy duros, pero las normas están claras y son homogéneas. En los de protección y tutela no se hacen públicos los reglamentos, que claro que debe haberlos". En consecuencia, para Joaquín, que lleva el caso de varios jóvenes, "el problema es el oscurantismo". "Ni siquiera en fase judicial consigo que me den los papeles que pido".
