http://www.elnortedecastilla.es/v/20110715/valladolid/junta-niega-movilidad-reducida-20110715.html
VALLADOLID
La Junta niega la movilidad reducida a una madre con las piernas amputadas
Familia afirma que «el baremo es estatal» y que puede optar a otra valoración por la Ley de Dependencia
15.07.11 - 00:41 -
ANA SANTIAGO | VALLADOLID.
En ocasiones, parece que alguna extraña conjura invade la vida de una persona hasta asfixiarla entre circunstancias incomprensibles y absurdas carencias que convierten en crueles las respuestas sociales o los reglamentos o las normas.
Juliane Cristina de Lima es una víctima. Se mire por donde se mire. Con tan solo 22 años se encuentra con una hija de siete meses, madre soltera y con las piernas amputadas. Además, ha perdido su puesto de trabajo y no tiene derecho a desempleo por el escaso tiempo de cotización a la Seguridad Social ni posibilidades de volver a trabajar, al menos en lo que hacía antes de sus intervenciones médicas, porque era camarera.
Más que serias complicaciones tras dar a luz en el Río Hortega a su pequeña, allá en las pasadas Navidades, provocaron una inevitable amputación de ambas piernas por necrosis, por debajo de las rodillas, y de una falange de la mano derecha. La suerte, si es que a esta suma de infortunios se le puede llamar así, quiso que no perdiera los brazos y que finalmente los salvara, no sin secuelas y cicatrices con el daño emocional que tal experiencia ha ocasionado a esta primeriza y joven madre.
La fortaleza de Juliane, una brasileña que lleva ya más de ocho años en Valladolid y que no ha podido volver a su país como entraba en sus planes debido a sus desventuras, rechaza la compasión pero reclama ayuda, apoyo para tener un futuro más claro, pasa sacar adelante a su pequeña. Por ello, acudió a los Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en busca de un reconocimiento de minusvalía que se tradujera en la ayuda de una tercera persona.
Sin embargo, los 'baremos sociales' le han dado su nota en forma de porcentaje, un 53% de discapacidad, con un plazo de validez oficial hasta julio de 2012, revisable entonces, lo que no le facilita la ayuda de ningún asistente. Y es que la valoración establece que no tiene movilidad reducida y que la misma «se podrá valorar cuando hayan finalizado todos los procedimientos de adaptación protésica y de reeducación de la marcha».
Juliane espera efectivamente que la ortopedia le facilite caminar: «Cuando tenga mis prótesis y haya aprendido a andar con ellas y a desenvolverme, es cuando probablemente no necesite la ayuda». «No entendemos -añade su padrastro- que nos digan que en un año pueden revisar el caso y que a lo mejor le reconocen más porque es ahora cuando necesita ayuda. En qué cabeza cabe negársela, no ver que hay una movilidad más que reducida, una discapacidad importante», se pregunta mirando a su hijastra, postrada en una silla de ruedas, ni siquiera muletas, y a la que él mismo traslada en brazos desde su vehículo.
Recurso al dictamen
La asistente social del Río Hortega, donde dio a luz, le tramitó sus papeles y tras negarle Servicios Sociales el reconocimiento suficiente de minusvalía recurrió ante la Junta tal dictamen; pero la Administración regional ha vuelto a ratificar su resolución y ha considerado la movilidad reducida y la necesidad de tercera persona como «no valorables». «Sin darnos salida, sin más», explica esta joven madre. «Ni siquiera puedo bañarme o preparar la comida de la niña ni encargarme de ella, solo si alguien me la pone en brazos puedo darle el biberón o cuidarla; pero no puedo estar sola con ella. No puedo sacarla de la cuna, del cochecito o levantarla, dependo totalmente de mi familia o de amigas, no estoy en condiciones de cuidar adecuadamente a mi hija porque ni siquiera puedo encargarme de mí misma», asegura Juliane Cristina. «Otra cosa será, espero, en el futuro, cuando me coloquen las prótesis».
Los Servicios Sociales de la Junta, por su parte, defienden que el baremo empleado no es de la Administración autonómica sino estatal, y que «los informes médicos presentados no hablaban de muletas o bastones, de dificultades para moverse ni hay documentación alguna al respecto» por lo que se ha emitido un dictamen «acorde con la normativa y conforme al baremo».
Sin embargo, la afectada llevó el informe del Río Hortega que especificaba la pérdida de parte de ambas piernas y demás secuelas. De hecho, la Consejería de Familia valora en un 48% de minusvalía «la ausencia de miembros inferiores o sus partes esenciales por amputación» y, en un 3%, la de la falange. Por ello, no entiende que haya que presentar más informes médicos; además «la atendieron en el Centro Básico de Discapacitados de La Rondilla; médicos, psicólogos y trabajadores sociales, la vieron y nadie nos dijo ni esta vez ni cuando recurrimos que faltara documentación alguna», insiste su padrastro.
No obstante, la Junta destaca que esta afectada puede optar a prestaciones del catálogo de la Ley de Dependencia y a una nueva valoración para ello que, si bien «incluirá la resolución actual de minusvalía del 53%, hacen su propia valoración con otros baremos y podría optar a un mayor reconocimiento o ayuda».
La familia de Juliane y ella misma ya han procedido a presentar nueva solicitud, pero también anuncian que recurrirán a los juzgados para conseguir una reevaluación de sus circunstancias.
Mientras tanto, ella y su niña viven absolutamente dependientes de sus allegados. No puede deambular salvo en silla de ruedas y ayudada por alguien y todavía está pendiente de iniciar la rehabilitación para adaptarse a las prótesis y volver a aprender a caminar tras la amputación sufrida el pasado 21 de febrero
VALLADOLID
La Junta niega la movilidad reducida a una madre con las piernas amputadas
Familia afirma que «el baremo es estatal» y que puede optar a otra valoración por la Ley de Dependencia
15.07.11 - 00:41 -
ANA SANTIAGO | VALLADOLID.
En ocasiones, parece que alguna extraña conjura invade la vida de una persona hasta asfixiarla entre circunstancias incomprensibles y absurdas carencias que convierten en crueles las respuestas sociales o los reglamentos o las normas.
Juliane Cristina de Lima es una víctima. Se mire por donde se mire. Con tan solo 22 años se encuentra con una hija de siete meses, madre soltera y con las piernas amputadas. Además, ha perdido su puesto de trabajo y no tiene derecho a desempleo por el escaso tiempo de cotización a la Seguridad Social ni posibilidades de volver a trabajar, al menos en lo que hacía antes de sus intervenciones médicas, porque era camarera.
Más que serias complicaciones tras dar a luz en el Río Hortega a su pequeña, allá en las pasadas Navidades, provocaron una inevitable amputación de ambas piernas por necrosis, por debajo de las rodillas, y de una falange de la mano derecha. La suerte, si es que a esta suma de infortunios se le puede llamar así, quiso que no perdiera los brazos y que finalmente los salvara, no sin secuelas y cicatrices con el daño emocional que tal experiencia ha ocasionado a esta primeriza y joven madre.
La fortaleza de Juliane, una brasileña que lleva ya más de ocho años en Valladolid y que no ha podido volver a su país como entraba en sus planes debido a sus desventuras, rechaza la compasión pero reclama ayuda, apoyo para tener un futuro más claro, pasa sacar adelante a su pequeña. Por ello, acudió a los Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en busca de un reconocimiento de minusvalía que se tradujera en la ayuda de una tercera persona.
Sin embargo, los 'baremos sociales' le han dado su nota en forma de porcentaje, un 53% de discapacidad, con un plazo de validez oficial hasta julio de 2012, revisable entonces, lo que no le facilita la ayuda de ningún asistente. Y es que la valoración establece que no tiene movilidad reducida y que la misma «se podrá valorar cuando hayan finalizado todos los procedimientos de adaptación protésica y de reeducación de la marcha».
Juliane espera efectivamente que la ortopedia le facilite caminar: «Cuando tenga mis prótesis y haya aprendido a andar con ellas y a desenvolverme, es cuando probablemente no necesite la ayuda». «No entendemos -añade su padrastro- que nos digan que en un año pueden revisar el caso y que a lo mejor le reconocen más porque es ahora cuando necesita ayuda. En qué cabeza cabe negársela, no ver que hay una movilidad más que reducida, una discapacidad importante», se pregunta mirando a su hijastra, postrada en una silla de ruedas, ni siquiera muletas, y a la que él mismo traslada en brazos desde su vehículo.
Recurso al dictamen
La asistente social del Río Hortega, donde dio a luz, le tramitó sus papeles y tras negarle Servicios Sociales el reconocimiento suficiente de minusvalía recurrió ante la Junta tal dictamen; pero la Administración regional ha vuelto a ratificar su resolución y ha considerado la movilidad reducida y la necesidad de tercera persona como «no valorables». «Sin darnos salida, sin más», explica esta joven madre. «Ni siquiera puedo bañarme o preparar la comida de la niña ni encargarme de ella, solo si alguien me la pone en brazos puedo darle el biberón o cuidarla; pero no puedo estar sola con ella. No puedo sacarla de la cuna, del cochecito o levantarla, dependo totalmente de mi familia o de amigas, no estoy en condiciones de cuidar adecuadamente a mi hija porque ni siquiera puedo encargarme de mí misma», asegura Juliane Cristina. «Otra cosa será, espero, en el futuro, cuando me coloquen las prótesis».
Los Servicios Sociales de la Junta, por su parte, defienden que el baremo empleado no es de la Administración autonómica sino estatal, y que «los informes médicos presentados no hablaban de muletas o bastones, de dificultades para moverse ni hay documentación alguna al respecto» por lo que se ha emitido un dictamen «acorde con la normativa y conforme al baremo».
Sin embargo, la afectada llevó el informe del Río Hortega que especificaba la pérdida de parte de ambas piernas y demás secuelas. De hecho, la Consejería de Familia valora en un 48% de minusvalía «la ausencia de miembros inferiores o sus partes esenciales por amputación» y, en un 3%, la de la falange. Por ello, no entiende que haya que presentar más informes médicos; además «la atendieron en el Centro Básico de Discapacitados de La Rondilla; médicos, psicólogos y trabajadores sociales, la vieron y nadie nos dijo ni esta vez ni cuando recurrimos que faltara documentación alguna», insiste su padrastro.
No obstante, la Junta destaca que esta afectada puede optar a prestaciones del catálogo de la Ley de Dependencia y a una nueva valoración para ello que, si bien «incluirá la resolución actual de minusvalía del 53%, hacen su propia valoración con otros baremos y podría optar a un mayor reconocimiento o ayuda».
La familia de Juliane y ella misma ya han procedido a presentar nueva solicitud, pero también anuncian que recurrirán a los juzgados para conseguir una reevaluación de sus circunstancias.
Mientras tanto, ella y su niña viven absolutamente dependientes de sus allegados. No puede deambular salvo en silla de ruedas y ayudada por alguien y todavía está pendiente de iniciar la rehabilitación para adaptarse a las prótesis y volver a aprender a caminar tras la amputación sufrida el pasado 21 de febrero